El ex concejal socialista de Lorca Miguel Miras puede estar vinculado a una trama de corrupción en la que ya fue detenido ayer el ex director de la empresa municipal de limpieza Limusa Francisco Gil. Según un informe de la delegación de Murcia de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso en exclusiva lanacion.es, ambos -junto a otras tres personas- pueden haber incurrido en un delito contra la Hacienda pública,

consecuencia de supuestas actuaciones ilícitas por parte de la empresa Cabo Cope Naturaleza de la que Gil y Miras eran accionistas.

En la operación que está llevando a cabo la Unidad Contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco), además de los registros de Limusa y dos de las viviendas de Gil, fue registrada una empresa propiedad de Antonio Baños, administrador de varias sociedades supuestamente implicadas en la trama de corrupción y presidente del club de fútbol Lorca Deportiva. Además del entramado empresarial, que según consta en el informe remitido por la delegación de Murcia de la Agencia Tributaria al Juzgado número 4 de Lorca y que recoge supuestas irregularidades de empresas que habrían defraudado a la Hacienda Pública, la operación -que se encuentra bajo secreto sumarial-, también podría demostrar actuaciones ilícitas por parte de la empresa pública.

¿Quién supervisaba al director de Limusa?

Francisco Gil fue nombrado director de Limusa como cargo de confianza por el Partido Socialista. El detenido estuvo bajo la supervisión de los socialistas Jesús Molina Sánchez, Bartolomé Soler y Miguel Miras que como concejales de empresas municipales de Lorca eran también Consejeros Delegados de la empresa pública. Cabe destacar que Soler es en la actualidad diputado autonómico, y por tanto aforado, y Miras socio del detenido en la empresa Cabo Cope Naturaleza. Fuentes internas de Limusa aseguran que Francisco Gil trabajaba en la empresa pública desde 1986, pero no fue hasta 10 años más tarde, con la entrada en la alcaldía de Miguel Navarro Molina, cuando consiguió el control de la empresa.

Francisco Gil cobraba de la empresa pública 137.000 euros anuales según afirman desde Limusa. Su esposa y su hermano, quienes entraron posteriormente en la empresa perciben 67.000 y 75.000 euros anuales de la sociedad municipal. Pero las altas nóminas de la familia de Gil, no son los únicos datos que llaman la atención. Fuentes municipales aseguran que Gil pasaba gastos personales por valor de más de 60.000 euros al año a cargo de la empresa. De la misma forma, desde el ayuntamiento de Lorca se subvencionaron los estudios universitarios de la hija del detenido por una cuantía superior a los 70.000 euros.

Con la llegada del Partido Popular al consistorio en 2007 y tras comprobar la cuantiosa remuneración de Gil, el concejal Melchor Morales trató de negociar una disminución del salario del director de Limusa, pero éste la rechazó y denunció al consistorio por acoso. Además en este juicio Gil presentó cintas con grabaciones a trabajadores de Limusa, hechos por los que podría ser también demandado.