El Blog de Guti

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado a 44 miembros de las organizaciones ilegales Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) por integración en organización terrorista.
En un auto de procesamiento de 583 folios hecho público hoy, el magistrado considera que ANV y PCTV "han sido instrumentalizadas

por los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna para continuar la acción delictiva diseñada por ETA-EKIN-Batasuna a través del frente institucional del complejo terrorista".
Entre los procesados se encuentran dirigentes de Batasuna como Pernando Barrena, Joseba Permarch, Juan José Petrikorena y Rufino Etxeberria; de PCTV como Peio Gálvez y de ANV como la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa), Inocencia Galparsoro, y el presidente de esta formación Kepa Bereziartua.
A través de esa instrumentalización, según expone el juez, los responsables de Batasuna lograron disponer, a través del PCTV, "de 837.000 euros con los que contribuyeron al sostenimiento del entramado político de la organización terrorista, gracias a la presencia en las instituciones democráticas".
Los responsables de PCTV y ANV, añade, también han actuado plegándose a las directrices de Batasuna como es el caso del presidente de ANV, Kepa Bereziartua, y la alcaldesa de Mondragón Inocencia Galparsoro, quien tras ingresar en prisión por estos hechos quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros.
También asegura que los responsables de estas formaciones se han dedicado a presionar y a coaccionar a los miembros de otros partidos políticos y "se han aliado" con las ilegalizadas Segi, Askatasuna y los movimientos pro amnistía para desarrollar campañas en contra del tren de alta velocidad del País Vasco (TAV).

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Son dos parados que llevan nueve días viviendo a escasos 30 metros de la puerta del Palacio de la Moncloa, donde habita el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Le reclaman un puesto de trabajo y medidas contra la crisis.
Hasta el puente que hay frente a la garita de la puerta de la casa-oficina de Zapatero llegaron después de haber caminado casi 800 kilómetros desde Manresa, parando en las principales ciudades del camino.
Antonio perdió en ese trance 8 kilos, y la uña meñique del pie, y muestra sus pies destrozados por las ampollas.
Han venido andando desde Barcelona. Y no piensan moverse de la puerta del Palacio de la Moncloa hasta que el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, les reciba. Antonio García Liarte y José Manuel Muñoz son dos parados que, agobiados por las deudas contraídas, quieren soluciones. El primero tiene 31 años, es soltero, no tiene hijos, ni tampoco «nada que perder». Por eso ha decidido venir aquí a Madrid desde Piera, su pueblo, a «echar los restos». Como José Manuel que, aunque con más obligaciones familiares, piensa que esta es la única forma de reivindicar un puesto de trabajo.
Para ello recuerdan bajo el sol y el calor de la tarde madrileña que les tiene abrasados aquella intervención del presidente donde prometió que ningún español se iba a quedar desamparado frente al desempleo. «Zapatero dijo que no iba a dejar a nadie en la cuneta, pero lo que habló es mentira. Aquí estamos esperando a que salga alguien, en la mismísima cuneta». Tanto es así que llevan nueve días acampados en la calle a menos de 30 metros del perímetro de seguridad del Palacio de la Moncloa.

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La ministra abortista.La tenian que haber abortado a ella, y a sí ahora no tendriamos que aguantar a semejante personaje.
Un millar de reconocidos intelectuales respaldan la denominada 'Declaración de Madrid', un manifiesto en el que los firmantes aportan "razones científicas y no ideológicas" para defender el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la fecundación.

Científicos, biólogos, juristas, psiquiatras, pediatras, ginecólogos, filósofos,
doctores, catedráticos y profesores universitarios han rubricado este documento, presentado ante la inminente aprobación por parte del Gobierno de una Ley que permitirá el aborto libre durante, al menos, las primeras 14 semanas de gestación.
Todos ellos se han posicionado en contra de las conclusiones de la subcomisión parlamentaria creada para modificar la legislación vigente así como de las propuestas del Comité de Expertos convocados por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en donde, aseguran, no se ha consultado a nadie de la elite científica que defienda el derecho a la vida desde el seno materno.

La doctora Mónica López Barahona, biomédica y consultora de Bioética de Naciones Unidas, ha recalcado que el embrión unicelular, en estado de cigoto, "es vida humana" y, por lo tanto, "es objeto de los mismos derechos que cualquier otro individuo de la especie".

"Por eso -ha proseguido-, entrar en una terminología de plazos no es aceptable, porque uno no pertenece más o menos a la especie humana según el número de células que tenga o según los kilos que pese".

En el manifiesto se argumenta que existe sobrada evidencia científica de que la vida empieza en el momento de la fecundación, porque los "conocimientos más actuales así lo demuestran".

En esta línea, Nicolás Jouve, catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares, ha explicado que esta disciplina señala que la concepción es el momento en que se constituye "la identidad genética singular" de cada persona.

"La biología celular explica que los seres pluricelulares se constituyen a partir de una única célula inicial, el cigoto, en cuyo núcleo se encuentra la información genética que se conserva en todas las células y es la que determina la diferenciación celular; la embriología describe el desarrollo y revela cómo se desenvuelve sin solución de continuidad", ha relatado.

Por esta razón, los científicos -entre los que figuran más de 200 miembros de las Reales Academias- hacen hincapié en que "un aborto no es sólo la interrupción voluntaria del embarazo, sino un acto simple y cruel de la interrupción de una vida humana"

"El aborto es además una tragedia para la sociedad. Una sociedad indiferente a la matanza de 120.000 bebés al año es una sociedad fracasada y enferma", agregan.

Entre las conclusiones de la Subcomisión del Congreso, condenan el otorgar a las menores de edad -mayores de 16 años- la posibilidad de poner fin a su embarazo sin consentimiento paterno.

José Andrés Gallego, del Centro de Estudios Históricos del CSIC, ha afirmado que obligar a una joven a decidir sola a tan temprana edad es una "irresponsabilidad" y una "forma clara de violencia contra la mujer".

En el 'Manifiesto de Madrid' se demanda información clara para que las mujeres puedan adoptar "libremente su decisión", tanto del procedimiento como de las consecuencias que esta intervención tendrá para ellas, sin omitir el cuadro psicopatológico conocido como "síndrome postaborto".

Los firmantes subrayan que el aborto es un drama con dos víctimas: "una muere y la otra sobrevive, y sufre a diario las consecuencias de una decisión dramática e irreparable".

También solicitan, en defensa de los médicos que se oponen a destruir vidas, "la libertad de objeción de conciencia en esta materia, puesto que no se puede obligar a nadie a actuar en contra de ella".

Los expertos, entre ellos César Nombela, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense, creen que disminuir el número de abortos pasa por establecer nuevas medidas de apoyo a las mujeres, para que puedan continuar con su embarazo, así como por facilitar la adopción.

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Los obispos españoles han denunciado que las especies protegidas de la fauna y la flora tienen mayor protección jurídica que el no nacido, y han reclamado al menos que la vida humana, desde el embrión, goce "de la misma protección que otros bienes". El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Antonio Martínez Camino, ha presentado la Jornada en Defensa de la Vida,

que celebrará la Iglesia católica el próximo 25 de marzo, que se característiza este año "por la polémica suscitada en torno a la reforma del aborto".
La Jornada contará también con una campaña en vallas publicitarias desde hoy hasta fin de marzo en 37 ciudades españolas, con el cartel de la Jornada, en el que se ve a un niño junto a un cachorro de lince con el sello encima de 'lince protegido', mientras que el bebe pregunta ¿Y yo?... ¡Protege mi vida!". En la cabecera del cartel figuran una serie de fotografías que representan el desarrollo de un bebe desde el embrión, su crecimiento progresivo en el útero materno, y la figura de una embarazada de nueve meses.
Esta campaña, que se acompaña con 30.000 carteles para colocar en parroquias y centros católicos, las 1.300 vallas publicitarias (215 en Madrid y Barcelona) y 8 millones de folletos, tiene la finalidad de "iluminar, contribuir a la clarificación y fortalecimiento de las conciencias de todos, de los católicos y de todos aquellos que quieran escucharnos" sobre la necesidad de "proteger la vida de los que van a nacer". "Hay muchas distorsiones y falsedades sobre este principio, un bien que hay que proteger, como es un derecho de todos los no nacidos a la vida", y agregó que "la campaña pretende darles voz para defender su derecho".

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El ex concejal socialista de Lorca Miguel Miras puede estar vinculado a una trama de corrupción en la que ya fue detenido ayer el ex director de la empresa municipal de limpieza Limusa Francisco Gil. Según un informe de la delegación de Murcia de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso en exclusiva lanacion.es, ambos -junto a otras tres personas- pueden haber incurrido en un delito contra la Hacienda pública,

consecuencia de supuestas actuaciones ilícitas por parte de la empresa Cabo Cope Naturaleza de la que Gil y Miras eran accionistas.

En la operación que está llevando a cabo la Unidad Contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco), además de los registros de Limusa y dos de las viviendas de Gil, fue registrada una empresa propiedad de Antonio Baños, administrador de varias sociedades supuestamente implicadas en la trama de corrupción y presidente del club de fútbol Lorca Deportiva. Además del entramado empresarial, que según consta en el informe remitido por la delegación de Murcia de la Agencia Tributaria al Juzgado número 4 de Lorca y que recoge supuestas irregularidades de empresas que habrían defraudado a la Hacienda Pública, la operación -que se encuentra bajo secreto sumarial-, también podría demostrar actuaciones ilícitas por parte de la empresa pública.

¿Quién supervisaba al director de Limusa?

Francisco Gil fue nombrado director de Limusa como cargo de confianza por el Partido Socialista. El detenido estuvo bajo la supervisión de los socialistas Jesús Molina Sánchez, Bartolomé Soler y Miguel Miras que como concejales de empresas municipales de Lorca eran también Consejeros Delegados de la empresa pública. Cabe destacar que Soler es en la actualidad diputado autonómico, y por tanto aforado, y Miras socio del detenido en la empresa Cabo Cope Naturaleza. Fuentes internas de Limusa aseguran que Francisco Gil trabajaba en la empresa pública desde 1986, pero no fue hasta 10 años más tarde, con la entrada en la alcaldía de Miguel Navarro Molina, cuando consiguió el control de la empresa.

Francisco Gil cobraba de la empresa pública 137.000 euros anuales según afirman desde Limusa. Su esposa y su hermano, quienes entraron posteriormente en la empresa perciben 67.000 y 75.000 euros anuales de la sociedad municipal. Pero las altas nóminas de la familia de Gil, no son los únicos datos que llaman la atención. Fuentes municipales aseguran que Gil pasaba gastos personales por valor de más de 60.000 euros al año a cargo de la empresa. De la misma forma, desde el ayuntamiento de Lorca se subvencionaron los estudios universitarios de la hija del detenido por una cuantía superior a los 70.000 euros.

Con la llegada del Partido Popular al consistorio en 2007 y tras comprobar la cuantiosa remuneración de Gil, el concejal Melchor Morales trató de negociar una disminución del salario del director de Limusa, pero éste la rechazó y denunció al consistorio por acoso. Además en este juicio Gil presentó cintas con grabaciones a trabajadores de Limusa, hechos por los que podría ser también demandado.

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